Jordan Gonzalez | Abogado de Inmigración EE.UU. — Madrid

Jordan ofrece un análisis detallado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), examinando la estructura de la agencia, su historia, su autoridad legal y su marco de supervisión. Se centra en cómo ICE encaja dentro del sistema migratorio más amplio de los Estados Unidos y por qué su diseño es importante, particularmente para audiencias internacionales que buscan comprender la aplicación de la ley migratoria estadounidense más allá de los titulares.

Immigration and Customs Enforcement, comúnmente conocido como ICE, es una de las instituciones estadounidenses más incomprendidas. En muchos sistemas europeos, la inmigración se experimenta principalmente como una función administrativa: permisos de residencia, registro, autorización de trabajo e integración social. En los Estados Unidos, el derecho migratorio también es administrativo, pero se aplica mediante un conjunto de herramientas coercitivas que a menudo se asemejan a la aplicación del derecho penal, incluso cuando no existe una condena penal. ICE se sitúa en el centro de esa tensión.

La aplicación de la ley migratoria en los Estados Unidos no está organizada como un único “ministerio de inmigración”. Está dividida entre múltiples agencias, regida por una combinación de estatutos, reglamentos, decisiones de política ejecutiva y doctrina judicial, e implementada a través de un sistema civil de expulsión que aun puede implicar arresto, detención, traslado y deportación. Comprender ICE, por lo tanto, requiere más que una simple definición. Requiere entender cómo fue creada la agencia, cómo funcionan sus componentes internos, qué facultades legales posee y cómo esas facultades están (o no están) limitadas.

Las secciones que siguen hacen tres cosas. Primero, explican qué es ICE y cómo encaja dentro del aparato migratorio más amplio de los Estados Unidos. Segundo, describen las principales facultades legales que le otorgan a ICE su capacidad práctica de acción, especialmente la autoridad de detención y arresto dentro de un sistema civil. Tercero, delinean las controversias actuales que han convertido a ICE en un punto central de debates sobre transparencia, supervisión, límites constitucionales y cultura institucional.

I. Sobre la Agencia

1. En términos generales

Immigration and Customs Enforcement (ICE) es una agencia federal de aplicación de la ley que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS). Fue creada en 2003 como parte de la amplia reorganización del gobierno federal posterior al 11 de septiembre, que desmanteló el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y redistribuyó las funciones relacionadas con inmigración entre nuevos componentes estructurados.

Esa reestructuración dividió lo que anteriormente había sido una sola agencia migratoria en tres funciones institucionales distintas:

• Aplicación de la ley e investigaciones, asignadas a ICE
• Inspección fronteriza y operaciones de patrulla fronteriza, asignadas a U.S. Customs and Border Protection (CBP)
• Beneficios migratorios y adjudicaciones, asignadas a U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)

Esta división es fundamental. ICE no es “la agencia de inmigración” en el sentido de administrar visas, residencias o naturalizaciones. No otorga beneficios migratorios. Su misión central es la aplicación de la ley. Esa misión de aplicación incluye tanto la aplicación civil de la ley migratoria dentro de los Estados Unidos como investigaciones penales relacionadas con actividad transfronteriza.

Comprender ICE requiere, por lo tanto, entender que la gobernanza migratoria en los Estados Unidos está estructuralmente fragmentada. El procesamiento administrativo, el control fronterizo y la aplicación en el interior del país están alojados en agencias separadas, con culturas institucionales y mandatos legales distintos. ICE ocupa el extremo de aplicación dentro de ese espectro, lo que moldea tanto su autoridad legal como las controversias que lo rodean.

b. Historia

Una regla constitucional/estructural clave es que la regulación migratoria es principalmente federal.

En Chy Lung v. Freeman (1876), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos invalidó un esquema del Estado de California que efectivamente permitía al estado imponer restricciones a personas no ciudadanas a su llegada y advirtió que la acción estatal podría involucrar a los Estados Unidos en conflictos de relaciones exteriores. La decisión se convirtió en una cita canónica para la proposición de que las reglas de admisión migratoria pertenecen exclusivamente al dominio del gobierno federal. Esta decisión, en parte, proporciona contexto para entender por qué, en acciones modernas de aplicación migratoria —como en Minneapolis, Los Ángeles y otros lugares objeto de aplicación— los gobiernos estatales están limitados en su capacidad para restringir la actuación de ICE dentro de su jurisdicción, dado que están desplazados por el interés superior del Gobierno Federal en esta materia.

En este contexto constitucional, el Congreso aprobó la Immigration Act de 1891. Entre otras cosas, creó “la oficina del superintendente de inmigración” dentro del Departamento del Tesoro, exigió inspección a la llegada, facultó a los oficiales de inspección para administrar juramentos y tomar declaraciones, estableció un rudimentario sistema administrativo de apelación (al superintendente y luego revisión por el Secretario del Tesoro), y creó mecanismos tempranos de expulsión o retorno para personas que llegaban ilegalmente. Ese modelo —inspección, decisión administrativa y revisión limitada— anticipa el patrón moderno estadounidense: gran parte del derecho migratorio se ejecuta mediante procesos administrativos en lugar de juicios penales.

En 1933, el gobierno federal consolidó funciones clave relacionadas con la inmigración en una entidad denominada Immigration and Nationality Service (INS). En 1940, ante preocupaciones de seguridad en tiempos de guerra, el gobierno federal reorganizó la autoridad relacionada con inmigración bajo el Departamento de Justicia (un cambio registrado en archivos federales y reflejado en notas estatutarias sobre reorganización ejecutiva).

Finalmente, la Homeland Security Act de 2002 abolió el INS, creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y transfirió una amplia gama de funciones fronterizas y migratorias al nuevo departamento. Ese estatuto es el documento ancla de la reorganización posterior al 11 de septiembre, incluyendo la redistribución final de las funciones del INS. En el primer ciclo presupuestario del DHS (FY2004), los documentos del Congreso ya reflejaban a ICE como un componente operativo importante con financiamiento de miles de millones de dólares.

c. Estructura interna actual

La estructura interna de ICE se entiende mejor como tres “pilares” operativos centrales, complementados por funciones de supervisión y apoyo. El propio Congreso describe la misión de ICE de la siguiente manera: ICE aplica las leyes federales que rigen el “control fronterizo, aduanas, comercio e inmigración”, y luego diferencia sus principales subcomponentes: HSI (investigación penal), ERO (aplicación civil migratoria) y OPLA (representación legal del gobierno en procedimientos de expulsión y asesoría jurídica al personal de ICE).

• Enforcement and Removal Operations (ERO). ERO es el brazo de aplicación civil migratoria: identifica y aprehende a personas no ciudadanas sujetas a expulsión, las detiene cuando es necesario y ejecuta las expulsiones. El punto clave es que ERO no es una “patrulla fronteriza”; es una agencia de aplicación en el interior del país, así como una maquinaria logística de detención y expulsión.

• Homeland Security Investigations (HSI). HSI es descrita por el Congreso como encargada de llevar a cabo investigaciones penales sobre el movimiento ilegal de personas, bienes, dinero, contrabando, armas y tecnología sensible (tanto a nivel nacional como internacional) con el objetivo de desarticular redes criminales transnacionales. HSI, por lo tanto, se asemeja a un servicio federal amplio de investigación con presencia internacional, no simplemente a una unidad de “inmigración”.

• Office of the Principal Legal Advisor (OPLA). OPLA es el representante legal del gobierno en los procedimientos de expulsión ante el sistema de tribunales de inmigración del Departamento de Justicia y proporciona asesoramiento jurídico a ICE. En efecto, OPLA es la parte “acusadora” del sistema civil de expulsión (aunque la expulsión es civil, no penal).

Dentro del DHS, el Congreso estableció estructuras de supervisión independientes o semiindependientes que afectan directamente a ICE:

• Civil Rights and Civil Liberties (CRCL). El oficial de derechos civiles del DHS tiene deberes estatutarios de revisar y evaluar abusos de derechos civiles y libertades civiles (incluyendo perfilamiento), supervisar el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales en los programas del DHS, e investigar quejas salvo que lo haga el Inspector General. El estatuto también exige informes anuales al Congreso. La Administración Trump intentó eliminar esta oficina a comienzos de 2025, pero revirtió esa decisión tras una demanda exitosa presentada por Robert F. Kennedy Human Rights, Southern Border Communities Coalition y Urban Justice Center. La CRCL continúa operativa como resultado de esa demanda, aunque activistas de derechos humanos critican que la agencia permanece gravemente subdotada de personal debido a despidos dentro del Departamento (una reducción de 150 a 9 empleados).

• Immigration Detention Ombudsman (OIDO). OIDO fue creada por estatuto como una figura de defensor independiente que reporta directamente al Secretario del DHS. Sus funciones incluyen recibir e investigar quejas, realizar inspecciones sin previo aviso en centros de detención migratoria (incluyendo instalaciones estatales/locales y privadas que albergan detenidos federales), garantizar acceso confidencial a los detenidos y presentar informes anuales. Han surgido críticas similares relacionadas con el debilitamiento de estas oficinas, mientras el Congreso debate actualmente si formalizar suspensiones de personal mediante un proyecto de ley de asignaciones presupuestarias.

Si estos organismos se debilitan, el entorno ya aislado de ICE (centros de detención, traslados rápidos, acceso público limitado) se vuelve menos visible para el Congreso, los tribunales y el público.

d. Reflexiones sobre el nombre de la agencia

El lenguaje no solo describe instituciones; también puede crear expectativas sobre el propósito de esas instituciones.

En inglés, “enforcement” es el acto de hacer que el cumplimiento ocurra: a menudo mediante amenaza o uso de coerción. Incluso sin un diccionario, la palabra “force” incrustada en en-force-ment es difícil de ignorar. Esto es relevante porque el sistema migratorio estadounidense no está estructurado como un único “ministerio” con un procedimiento coherente. Es un mosaico de procesos administrativos civiles aplicados por múltiples actores con características policiales, y la etiqueta “enforcement” es el puente conceptual que normaliza una fuerte coerción.

La creación de ICE también coincidió con un proceso de renombramiento y reencuadre institucional: las funciones migratorias fueron trasladadas a un departamento cuyo nombre enfatiza la “seguridad nacional”. La etiqueta “seguridad” modifica el punto de partida normativo: invita al público a evaluar las decisiones migratorias como respuestas a amenazas, no como administración ordinaria de residencia, trabajo, reunificación familiar o protección humanitaria.

Un ejemplo vívido de cómo el nombre establece el tono fue la acción ejecutiva de 2025 que ordenó rebautizar el Departamento de Defensa de los Estados Unidos como el “Departamento de Guerra”. La orden ejecutiva argumentaba explícitamente que la denominación anterior señalaba fortaleza y disposición para combatir. En otras palabras, formulaba un argumento sobre psicología pública y postura institucional a través del propio nombre.

Se vea ese cambio como simbolismo o como sustancia, ilustra el mismo punto analítico: los nombres pueden utilizarse para normalizar un estilo de gobierno. El nombre de ICE realiza una función análoga en el contexto migratorio. Al enfatizar la “aplicación” y situar la inmigración dentro de un departamento definido por la “seguridad nacional”, los Estados Unidos señalan que la gobernanza migratoria debe entenderse a través de un lente de seguridad, y no como mera administración civil ordinaria.

Para los lectores en España, el contraste es especialmente claro. La autoridad migratoria nacional española, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, inserta la migración dentro de un marco de inclusión social, política laboral y protección social. Si ese ministerio fuera repentinamente rebautizado como Ministerio de Seguridad Nacional, el significado público de la administración migratoria cambiaría inmediatamente. Los estatutos legales podrían permanecer intactos, pero el punto de partida normativo no. La inmigración sería reformulada como una cuestión de seguridad primero, y como una cuestión administrativa o social en segundo lugar.

En resumen, el nombre no solo describe lo que hace una institución; también ayuda a definir para qué cree el público que existe.

II. Facultades de la Agencia

El 8 U.S.C. §1357 autoriza a los oficiales de inmigración (según sean designados por reglamento) a ejercer varias facultades importantes “sin orden judicial”, incluyendo:

• Facultad de interrogatorio: interrogar a “cualquier extranjero o persona que se crea que es extranjera” respecto a su derecho a estar o permanecer en los Estados Unidos.

• Facultad de arresto sin orden judicial: arrestar sin orden judicial en circunstancias específicas (por ejemplo, ciertas violaciones de entrada “en su presencia o a la vista”, y ciertos arrestos en el interior del país basados en “razón para creer” más la probabilidad de fuga antes de que pueda obtenerse una orden).

• Facultad de abordaje y registro en zona fronteriza: dentro de una “distancia razonable” (tema que se analizará en la siguiente sección) desde una frontera exterior, los oficiales pueden abordar y registrar medios de transporte “en busca de extranjeros”, y dentro de 25 millas pueden acceder a “terrenos privados, pero no a viviendas”, con fines de patrulla fronteriza. Los reglamentos federales definen “distancia razonable” para efectos del §1357(a)(3) como 100 millas aéreas desde una frontera exterior (fronteras terrestres y mar territorial), permitiendo además distancias más cortas fijadas por funcionarios competentes e incluso, en “circunstancias inusuales”, un procedimiento para justificar más de 100 millas con aprobación de nivel superior. El efecto práctico es que un alto porcentaje de la población estadounidense vive dentro de ese cinturón de 100 millas, lo que influye en las posibilidades de aplicación en el interior (especialmente en corredores vehiculares y de transporte).

• Portación de armas y ejecución de procesos: los oficiales pueden portar armas de fuego y ejecutar o notificar órdenes, mandamientos, citaciones, requerimientos y otros procesos emitidos bajo autoridad de los Estados Unidos (sujeto a condiciones estatutarias, incluyendo requisitos de capacitación y regulaciones sobre uso de fuerza para determinadas facultades de arresto).

• Delegación 287(g): el estatuto autoriza acuerdos escritos que permiten a oficiales estatales o locales desempeñar ciertas funciones de oficiales de inmigración bajo supervisión federal, aclara requisitos de capacitación y certificación, y regula aspectos de responsabilidad e inmunidad.

Conviene aclarar que se trata de un estatuto con estilo policial insertado dentro de un sistema administrativo civil. Muchas consecuencias legales ocurren sin una condena penal, porque la expulsabilidad es una determinación de estatus civil, pero las herramientas de aplicación pueden parecer y sentirse como aplicación del derecho penal. Examinemos con mayor detalle estas facultades civiles que otorgan a ICE un carácter propio de una agencia de aplicación penal.

1. La facultad de detener

El poder coercitivo cotidiano de ICE depende en gran medida de la autoridad de detención, que puede entenderse en tres “categorías” jurídicas distintas, cada una regida por diferentes estatutos y límites constitucionales.

• Detención previa a la orden de expulsión (con posibilidad de fianza): La detención previa a la orden de expulsión se refiere a la facultad del gobierno de mantener a una persona bajo custodia migratoria mientras su caso de deportación aún está siendo decidido. Estas facultades provienen principalmente de las secciones 1225 y 1226 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act). El Tribunal Supremo abordó estos estatutos de detención en Jennings v. Rodriguez. En ese caso, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sostuvo que las personas detenidas bajo las secciones 1225(b), 1226(a) y 1226(c) tenían derecho a audiencias periódicas de fianza si su detención se prolongaba. El Tribunal Supremo discrepó. Sostuvo que los propios estatutos no exigen audiencias automáticas de fianza y rechazó el intento del tribunal inferior de incorporar tal requisito mediante la doctrina de evitación constitucional. En términos prácticos, Jennings significa que la detención migratoria durante los procedimientos de expulsión no activa automáticamente audiencias periódicas de fianza, a menos que el Congreso lo establezca claramente en el estatuto.

• Detención obligatoria (sin fianza): Ciertos no ciudadanos, principalmente aquellos con determinadas condenas penales (por ejemplo, posesión simple de cocaína), están sujetos a lo que se denomina “detención obligatoria” bajo la sección 1226(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esto significa que ICE debe detenerlos durante sus procedimientos de expulsión y, en general, no son elegibles para fianza. El Tribunal Supremo confirmó este sistema en Demore v. Kim. El Tribunal sostuvo que el Congreso puede exigir detención sin fianza para estas categorías de personas mientras sus casos están pendientes. Al mismo tiempo, dejó claro que los tribunales federales conservan la facultad de conocer impugnaciones constitucionales mediante habeas corpus, aun cuando la sección 1226(e) limite la revisión de decisiones discrecionales de custodia. En términos sencillos, Demore confirmó que la detención obligatoria es válida en principio, pero no eliminó la posibilidad de impugnar detenciones inconstitucionales ante tribunales federales.

• Detención posterior a la orden de expulsión: La detención después de una orden final de expulsión se rige por un estatuto distinto, la sección 1231 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta disposición se aplica una vez que un juez de inmigración ha emitido una orden final de expulsión y el gobierno está intentando ejecutarla. En Zadvydas v. Davis, el Tribunal Supremo abordó cuánto tiempo puede mantenerse detenida a una persona bajo esta autoridad posterior a la orden. El Tribunal sostuvo que el estatuto no permite detención indefinida. Aplicando la doctrina de evitación constitucional, interpretó la sección 1231 como si contuviera un límite temporal implícito. Estableció un período presuntivo de seis meses: después de seis meses de detención posterior a la orden, si no existe una probabilidad significativa de que la expulsión ocurra en un futuro razonablemente previsible, la detención continua se vuelve jurídicamente problemática. En términos prácticos, Zadvydas significa que, una vez que existe una orden final de expulsión, ICE no puede mantener detenida indefinidamente a una persona si la deportación no es realmente viable.

Estos casos son relevantes porque determinan cuánto tiempo ICE puede mantener a una persona detenida. Cuanto más se prolonga la detención, más puede funcionar como una forma de presión. Incluso si la deportación es jurídicamente incierta o prácticamente improbable, una detención prolongada puede llevar a las personas a abandonar reclamaciones, aceptar la expulsión o renunciar a defensas legales simplemente para recuperar su libertad.

b. La facultad de arrestar

Los reglamentos en 8 C.F.R. Parte 287 definen quién califica como “oficial de inmigración” y delimitan el alcance de sus facultades, incluyendo las facultades de arresto ejercidas bajo 8 U.S.C. § 1357 y los estatutos de detención relacionados.

En la práctica, ICE, particularmente a través de Enforcement and Removal Operations (ERO), inicia arrestos civiles migratorios y decisiones de detención bajo esas autoridades estatutarias. Sin embargo, la selección real de objetivos ha estado históricamente influenciada por prioridades de aplicación establecidas por el Poder Ejecutivo. En ocasiones, esas prioridades se han formalizado en memorandos escritos. El memorando de prioridades de aplicación del DHS de 2021, por ejemplo, enmarcó explícitamente la aplicación migratoria como un ejercicio de discrecionalidad procesal, subrayó que el DHS carece de recursos para expulsar a todas las personas expulsables y anunció categorías prioritarias como amenazas a la seguridad nacional, riesgos para la seguridad pública y personas recientemente ingresadas por la frontera.

En la actualidad, sin embargo, el panorama ha cambiado. Los marcos formales de prioridades nacionales han sido retirados, reducidos o despriorizados según los cambios de política de la administración y los resultados de litigios. En ausencia de prioridades limitantes claramente articuladas, la discrecionalidad en la aplicación se amplía. Las oficinas locales pueden operar con menos restricciones categóricas, y las decisiones de arresto pueden depender más de directivas operativas, incrementos de recursos y dinámica institucional que de criterios nacionales explícitos.

Al mismo tiempo, la intensidad de la aplicación puede expandirse rápidamente mediante campañas operativas, incrementos de personal y expansión de la capacidad de detención. Estas iniciativas pueden producir lo que las comunidades experimentan como “redadas”, a menudo acompañadas de traslados rápidos entre instalaciones. Una reciente orden judicial federal en respuesta a la “Operation Metro Surge” determinó que las prácticas de ICE durante ese operativo bloquearon efectivamente el acceso de los detenidos a sus abogados mediante traslados rápidos y barreras de comunicación, y ordenó medidas correctivas inmediatas, incluyendo salvaguardas de comunicación confidencial y limitaciones a traslados disruptivos.

En resumen, aunque la autoridad estatutaria proporciona la base legal para el arresto, el alcance y la textura reales de la aplicación dependen en gran medida de si el liderazgo ejecutivo limita esa autoridad mediante prioridades definidas o permite que opere con plena capacidad discrecional.

c. Presupuesto actual

El presupuesto de ICE se encuentra actualmente en uno de los niveles más altos de su historia. Ese hecho por sí solo es significativo. Cuando una agencia de aplicación de la ley alcanza niveles récord de financiación, ello indica que el gobierno federal no se está retirando de esa misión, sino que la está reforzando.

Desde que ICE fue creado en 2003, su financiación anual ha tendido en general al alza, con fluctuaciones según las prioridades de cada administración y las negociaciones en el Congreso. Sin embargo, en los últimos años, la financiación total ha alcanzado niveles sin precedentes, situándose actualmente en aproximadamente 10.000 millones de dólares anuales. Incluso sin detallar cada partida presupuestaria, la conclusión es clara: hoy ICE opera con más recursos financieros que en cualquier otro momento desde su creación.

¿Por qué es esto relevante en términos prácticos?

Un mayor presupuesto se traduce en:

• Más personal, incluyendo oficiales de aplicación y agentes investigadores
• Mayor capacidad de detención mediante contratos con instalaciones privadas y locales
• Expansión de transporte y logística para expulsiones
•  Operaciones investigativas más amplias
• Sistemas tecnológicos y de datos más sofisticados

En otras palabras, el tamaño del presupuesto determina directamente el alcance operativo. Un financiamiento a niveles récord significa una capacidad potencial de aplicación también a niveles récord. Independientemente de los debates políticos en torno a la política migratoria en los Estados Unidos, el compromiso financiero con la aplicación de la ley migratoria sigue siendo fuerte e históricamente elevado. El nivel presupuestario refleja no solo retórica temporal, sino una inversión institucional sostenida.

III. Controversias actuales

Los debates más significativos que rodean a ICE hoy no se centran en si la agencia posee autoridad estatutaria. Esa autoridad está más o menos consolidada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Las controversias se refieren más bien a cómo se ejerce esa autoridad, cuán visible es para el público y cuán efectivamente está limitada. A continuación se examinan algunas de las principales líneas de tensión.

1. Supervisión debilitada

Un área importante de controversia involucra las propias instituciones de supervisión. ICE opera dentro de una red de supervisión ejecutiva, legislativa y judicial. El debate actual se centra en si esos mecanismos están funcionando como se pretendía o si están siendo restringidos.

i. Supervisión ejecutiva

Como se mencionó anteriormente, el Congreso ha creado oficinas internas de supervisión dentro del DHS. La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles tiene el mandato de investigar alegaciones de perfilamiento y abusos y de presentar informes anuales. La Oficina del Defensor del Detenido en Centros de Detención Migratoria tiene autoridad estatutaria para inspeccionar instalaciones, recibir quejas y acceder a centros de detención. Informes publicados en 2025 describieron intentos dentro del DHS de reducir o desmantelar algunas de estas funciones de supervisión. Siguieron litigios en los que se argumentó que las oficinas creadas por estatuto no pueden ser eliminadas sin acción del Congreso.

Independientemente del resultado final de esas disputas legales, la controversia revela una vulnerabilidad estructural. Las oficinas de supervisión, incluso cuando están establecidas por ley, pueden debilitarse mediante reducciones de personal, restricciones presupuestarias o reestructuración administrativa. Los críticos sostienen que esto crea una asimetría en la que la capacidad de aplicación se expande mientras la capacidad de supervisión se contrae.

ii. Supervisión legislativa

El Congreso conserva autoridad a través del poder presupuestario. Las leyes de asignaciones pueden incluir requisitos de informes, obligaciones de divulgación contractual y restricciones vinculadas a programas como los acuerdos 287(g) con autoridades locales o el desempeño de contratos de detención.

Sin embargo, la supervisión legislativa depende en gran medida de la alineación política y de las prioridades de los comités. Es episódica más que continua. En períodos de polarización partidista —como ha sido el caso en los Estados Unidos durante casi dos décadas— las audiencias de supervisión pueden volverse simbólicas en lugar de correctivas. Por lo tanto, la controversia no radica en si el Congreso tiene autoridad, sino en si la está ejerciendo de manera robusta.

iii. Supervisión judicial

Los tribunales intervienen de manera episódica en la aplicación migratoria, generalmente a través de peticiones de habeas corpus, demandas colectivas y reclamaciones constitucionales. Sin embargo, decisiones recientes y anteriores del Tribunal Supremo han tendido a limitar el alcance de la intervención judicial en materia migratoria y fronteriza. Entre los puntos de presión más relevantes se encuentran:

• Perfilamiento racial y reclamaciones de igualdad de protección: En Noem v. Vasquez Perdomo (2025), el Tribunal Supremo bloqueó temporalmente una orden de un tribunal federal inferior que había limitado la manera en que los agentes de ICE podían realizar detenciones y arrestos en el área de Los Ángeles. El tribunal de distrito había prohibido a los agentes basarse principalmente en factores como raza, etnia, idioma u ocupación para formar sospecha razonable en detenciones migratorias, al considerar que tales prácticas probablemente violaban la Cuarta Enmienda. Al conceder la solicitud de suspensión presentada por el gobierno, el Tribunal Supremo permitió que las operaciones de ICE continuaran sin esas restricciones mientras el caso sigue su curso en apelación. El Tribunal no emitió una opinión completa sobre el fondo, pero el efecto práctico es significativo: los agentes pueden continuar actuando bajo sus prácticas actuales salvo que una decisión final disponga lo contrario. En términos prácticos, la decisión otorga mayor discrecionalidad operativa en el terreno y dificulta, al menos por ahora, que tribunales inferiores impongan límites sistémicos vinculados a indicadores demográficos.

• Uso excesivo de la fuerza y acciones por daños: En Egbert v. Boule, el Tribunal Supremo sostuvo que, en general, las personas no pueden demandar a oficiales federales de inmigración o de frontera por daños monetarios bajo la acción implícita conocida como Bivens cuando se alega uso excesivo de la fuerza o violaciones constitucionales durante la aplicación migratoria. El demandante argumentó que un agente de la Patrulla Fronteriza utilizó fuerza no autorizada y tomó represalias en violación de la Cuarta y Primera Enmiendas. El Tribunal se negó a extender Bivens a este contexto, enfatizando que la seguridad nacional y la aplicación fronteriza implican juicios de política sensibles que corresponden al Congreso. En la práctica, esto significa que quienes consideren que agentes migratorios han violado sus derechos constitucionales enfrentan mayores obstáculos para obtener compensación monetaria, salvo que el Congreso haya autorizado expresamente tal remedio.

• Cuarta Enmienda y zona fronteriza: En United States v. Martinez-Fuerte, el Tribunal Supremo confirmó la constitucionalidad de puestos de control migratorio fijos establecidos por la Patrulla Fronteriza en carreteras situadas tierra adentro. Los agentes detenían vehículos sin sospecha individualizada para verificar el estatus migratorio de los ocupantes. El Tribunal consideró que estas detenciones eran razonables bajo la Cuarta Enmienda, dado que la intrusión era limitada y el interés gubernamental en controlar la inmigración ilegal cerca de la frontera era significativo. La decisión distinguió estos puestos de control de registros móviles sin sospecha, señalando que los controles interiores sirven a un propósito similar al de los registros fronterizos y suponen menor intrusión debido a su carácter estructurado y públicamente conocido. Martinez-Fuerte establece que, en determinados contextos vinculados a la aplicación fronteriza, los agentes pueden detener vehículos en puntos designados sin sospecha individualizada, siempre que la intrusión sea mínima y regulada.

• Acceso a abogado y equidad procesal: En INS v. Lopez-Mendoza, 468 U.S. 1032 (1984), el Tribunal Supremo sostuvo que los procedimientos de expulsión son civiles, no penales, y por lo tanto no conllevan todas las protecciones constitucionales aplicables en juicios penales. En particular, el Tribunal determinó que la regla de exclusión de la Cuarta Enmienda, que suprime pruebas obtenidas ilegalmente en casos penales, generalmente no se aplica en audiencias de deportación. El Tribunal razonó que los costos de excluir pruebas en procedimientos migratorios civiles superan los beneficios disuasorios. La decisión refuerza el principio de que la expulsión es un proceso administrativo, limitando la disponibilidad de ciertos remedios constitucionales en los tribunales de inmigración.

• Federalismo y uso de máscaras — litigio bajo la Cláusula de Supremacía (California 2026): A comienzos de febrero de 2026, un tribunal federal de distrito en Los Ángeles anuló una ley estatal de California que habría prohibido a oficiales federales, incluidos agentes de ICE, portar máscaras durante el servicio. El juez determinó que la prohibición, tal como estaba redactada, violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos porque trataba de manera distinta a los oficiales federales frente a los estatales. El tribunal concedió una medida cautelar preliminar que bloquea la aplicación de la prohibición mientras el caso continúa. Al mismo tiempo, el juez confirmó la validez de otra ley estatal que exige que los oficiales federales exhiban identificación visible, como nombre de agencia y número de placa. La decisión refleja la tensión continua entre los esfuerzos estatales por aumentar la rendición de cuentas y la autoridad federal en materia de aplicación migratoria.

b. Capacitación

Una controversia final actual se relaciona con la expansión de personal y la cultura interna.

A medida que el presupuesto de ICE ha aumentado, también lo han hecho los esfuerzos de contratación. Bonificaciones de reclutamiento, procesos acelerados de incorporación y esfuerzos por cubrir vacantes operativas han generado preguntas sobre los estándares de evaluación y la profundidad de la capacitación. Los críticos sostienen que una expansión rápida puede debilitar salvaguardias institucionales. Los defensores argumentan que el aumento de personal es necesario para cumplir con mandatos estatutarios y demandas operativas.

En las agencias de aplicación de la ley, la capacitación hace más que enseñar procedimientos. Moldea el cumplimiento constitucional, la toma de decisiones discrecionales y la interacción con poblaciones vulnerables. La controversia, por lo tanto, no se limita a cifras. Se trata de cultura institucional y del carácter a largo plazo de la aplicación migratoria.

IV. Conclusión

ICE no es simplemente una agencia. Es una expresión institucional de cómo los Estados Unidos han decidido estructurar la gobernanza migratoria en el siglo XXI. Refleja un sistema en el que el control migratorio está integrado dentro de un marco de seguridad, administrado a través de procedimientos civiles y aplicado mediante herramientas de carácter policial. El arresto, la detención y la expulsión ocurren dentro de un proceso administrativo, pero la experiencia de ese proceso puede asemejarse a la aplicación del derecho penal tanto en forma como en consecuencias.

La autoridad de la agencia no es accidental. Se fundamenta en estatutos promulgados por el Congreso, en decisiones judiciales que definen los límites constitucionales externos de la detención y la aplicación, y en asignaciones presupuestarias que continúan financiando a ICE a niveles históricamente elevados. Al mismo tiempo, la huella moderna de ICE está moldeada tanto por la estructura y la supervisión como por el propio texto legal. La transparencia en las condiciones de detención, la vitalidad de las oficinas internas de supervisión, el alcance de las prioridades ejecutivas de aplicación, la disponibilidad de remedios judiciales y la capacitación y cultura del personal influyen en cómo se ejerce la autoridad en la práctica. Cuando los mecanismos de supervisión se debilitan o los datos se vuelven difíciles de interpretar, los límites formales del derecho pueden permanecer intactos mientras la rendición de cuentas práctica se erosiona.

Para los lectores fuera de los Estados Unidos, la idea central es la siguiente: la aplicación de la ley migratoria estadounidense no es simplemente una función burocrática de administración de residencia. Es un régimen de aplicación orientado a la seguridad, centralizado a nivel federal, que opera dentro de un marco jurídico civil. ICE ocupa el polo de aplicación dentro de un sistema migratorio fragmentado, y su evolución refleja debates más amplios sobre poder federal, límites constitucionales y el significado de cómo se trata a las personas migrantes: ¿son cuestiones de seguridad nacional o, como España las ha clasificado, personas que deben ser “incluidas” en la sociedad?

Ya se considere a ICE como infraestructura necesaria, coerción excesiva o algo intermedio, no puede comprenderse de forma aislada. Debe entenderse como parte de una arquitectura más amplia de derecho, política y diseño institucional. Esa arquitectura continúa evolucionando. Las preguntas que permanecen no se refieren únicamente a lo que ICE está autorizado a hacer, sino a cuán visible, cuán limitado y cuán responsable será ese poder en la práctica.

Relacionado: si te interesa cómo estos cambios en la aplicación de la ley migratoria afectan trámites concretos, escribí sobre el reciente cambio de USCIS sobre el ajuste de estatus. Para consultas sobre tu caso particular, puedes conocer más sobre mi práctica aquí.

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Descargo de responsabilidad

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